El día 11 de agosto de 2022, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora (TEE), el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEEyPC), el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y los ayuntamientos de Átil, Cucurpe, Bacoachi, Naco, San  Miguel de Horcasitas, Santa Cruz, Pitiquito, Ures, Rayón y San Javier, todos de Sonora; suscribieron convenio de colaboración en materia de capacitación, promoción, difusión, divulgación de acciones para prevenir la comisión de delitos electorales y el fomento de la participación ciudadana en la cultura de la legalidad y la denuncia; mismo que constituye la base para la formalización de la capacitación en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

En el evento se contó con la presencia del Mtro. Nery Ruiz Arvizu, Presidente del OPPM y Consejero Presidente del IEEyPC; la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Secretaria Técnica del OPPM y Consejera Electoral;  el Mtro. Leopoldo González Allard, Magistrado Presidente del TEE; la Lic. Alejandra Velarde Félix, Titular de la FEDE, el Ing. Manuel Francisco Villas Paredes, Presidente Municipal de Cucurpe, Sonora; el Mtro. Vladimir Gómez Anduro y el Lic. Héctor Sigifredo II Cruz Íñiguez, ambos Magistrados del TEE, y; la C. Maribel Santamaría Ayón, Secretaria del Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora.

De manera virtual, presenciaron el acto protocolario la Dra. Mireya Scarone Adarga, Coordinadora Ejecutiva del ISM; las CC. Yolanda Castañeda Quezada, Rosa María Encinas Cornejo y Janeth Mazón García, presidentas municipales de Átil, San Javier y Pitiquito, respectivamente; así como los CC. Rosendo López Dávalos, José Lorenzo Villegas Vázquez, Joaquín Munguía Coronado, René Peralta Torres, José Manuel Valenzuela Salcido, Alejandro Luis Grijalva Robles, en su carácter de presidentes municipales de Bacoachi, Naco, San Miguel de Horcasitas, Santa Cruz, Ures y Rayón, Sonora.

Posteriormente, a la firma del referido convenio, se capacitó a las y los servidores públicos de todos los ayuntamientos mencionados con antelación, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.